EL NUEVO DERECHO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA. DIRECTIVAS 4.0

Lección inaugural del solemne acto de apertura del Curso Académico 2022/23 de la Universidad de Castilla-La Mancha celebrado en el Paraninfo Universitario del campus de Cuenca.

Se han propuesto un sinnúmero de estándares dirigidos a delimitar el alcance del concepto del laudo, lo que ha dado lugar a un conjunto de posiciones contrapuestas, que parecen no llegar a un punto de encuentro. Sin embargo, este trabajo no pretende hallar verdades ni sumar nuevas teorías a las existentes. Por el contrario, busca explicar de la manera más sistemática posible los estándares en conflicto, brindando al lector una herramienta útil para entenderlos y hacer un uso adecuado de ellos. El punto de partida es la identificación de los dos núcleos de las discusiones que rodean...

En el mantenimiento del patrimonio social y su destino al desarrollo del objeto social fijado en los estatutos de la sociedad, confluyen el interés de los terceros y el interés de los socios. Este interés común se ve amenazado por cualquier práctica que suponga la distracción de elementos patrimoniales de la sociedad para atender a las necesidades particulares de sus socios o de sus administradores, como puede ocurrir con la concesión de préstamos, créditos o, en general, de asistencia financiera en favor de éstos. Pero, al mismo tiempo, se trata de una práctica generalizada –y...

Le livre « Intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur » est le fruit d'un travail acharné de plus de trois ans dans le cadre d'un projet de renforcement de capacités du programme Erasmus +, financé par la Commission Européenne et coordonné par l'université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif 2 en Algérie. Ci-RES, « création de capacités institutionnelle d'intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur est un projet pilote qui vise à reformuler et/ou à créer des lois organiques et institutionnels autours de la question des réfugiés afin de les...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...