El derecho a una buena administración

This book analyzes the new EU directives on public procurement in 2014. The fourth generation of EU rules on public procurement regulates both phases of preparation and award as in a novel implementation phases and termination of contracts. It is under study simplification, modernization and improvement of efficiency standards and contractual procedures. The strategic use of public procurement is also discussed.

El objeto del derecho a la protección de datos es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el artículo 18.1, sino a lo que el Tribunal Constitucional ha definido como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, unidos al respeto de la dignidad personal, el derecho al honor y el pleno ejercicio de los derechos de la persona.

Queda enmarcado el trabajo que se presenta en la consideración y el análisis de los programas culturales de la Unión Europea para el periodo 1996-2006. Para ello se ha utilizado la documentación ofrecida con la Comisión Europea tanto de la Dirección General de Cultura como de los servicios estadísticos y se ha considerado todas las fuentes documentales existentes. Ello ha permitido reconstruir las referencias a la Política Cultural de los órganos e instrumentos de la Unión Europea. Se ha considerado la documentación emanada de los correspondientes Programas Europeos, Calidoscopio,...

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

La firma electrónica es un instrumento tecnológico que, con plena seguridad, permite a los sujetos identificarse y manifestar su consentimiento en las relaciones articuladas a través de redes telemáticas. No obstante, esta solución técnica ha suscitado significativas incógnitas tales como el valor jurídico de este tipo de firma o el régimen legal de los prestadores de servicios de certificación que hacen posible este instrumento. Con todo, las cuestiones precedentes no son las únicas. El contrato que vincula al firmante y al emisor de la firma -el desconocido contrato de...