El derecho a la educación y la libertad de enseñanza

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no atribuye al socio un derecho genérico a la información, como a los accionistas el artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas, sino determinados poderes jurídicos que concreta su articulado y que, directa o indirectamente, vienen a habilitar a su titular para la fiscalización de la gestión social. Ello no obstante, puede afirmarse que el derecho de información del socio de la limitada se integra principalmente por dos derechos de diferente alcance pero complementarios entre sí y dirigidos a la misma función: de un lado, la...

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por su generalidad, su capacidad recaudatoria y su impacto en las decisiones de inversión constituye para los contribuyentes el “Impuesto” por antonomasia. En esta obra colectiva se analiza de forma completa, exhaustiva y rigurosa el nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que surge de la Ley 35/2006 y las modificaciones subsiguientes, incluidas las introducidas para 2009. Se trata de un trabajo que tiene utilidad inmediata para el estudio del impuesto y permite igualmente preparar la declaración del ejercicio 2008. El...

Ofrece la obra un análisis de la evolución del Derecho Social de la Unión Europea a través de sus fuentes y, en concreto, desde la perspectiva de los progresivos cambios que se descubren en la relación existente entre los contenidos de aquél y las diferentes modalidades de intervención de que se sirve la Unión para ejercer sus competencias en materia social. Aunque el empleo de instrumentos normativos (reglamentos, directivas, decisiones) ha sido y sigue siendo el más importante, no pasa inadvertido el recurso a instrumentos de derecho “débil” (soft law), que avanza, en los...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...