La víctima en las Constituciones

La fácil disolubilidad del matrimonio en nuestro Derecho y la proliferación de las parejas no casadas conducen a que con alguna frecuencia, un nuevo cónyuge o compañero se avengan a reconocer como hijo propio al niño que no tiene previamente determinada su filiación paterna, y ello tiene como propósito el tratar de procurar cohesión y estabilidad a la familia. Pero si la nueva unión no resulta luego ser tan estable como se esperaba, no es extraño que el reconocedor trate de impugnar el reconocimiento que hizo, por la vía del artículo 141 del Código civil, o hasta la propia...

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...

Con frecuencia, en las Sentencias que ponen fin a los procedimientos de separación o divorcio se consigna la obligación de abonar una pensión de alimentos para los hijos o una pensión por desequilibrio a favor de uno de los cónyuges, fijadas en base a una situación concreta en un momento determinado, que puede variar con el paso del tiempo; puede haber, por tanto, una alteración de las circunstancias que propicie la modificación de tales prestaciones. Dicha situación se aborda en este libro partiendo de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en Derecho de familia, con un...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...