La función estadística pública. Estudio desde una perspectiva jurídica de la estadística oficial en España

Los análisis genéticos y el convenio de la ONU contra las desa­pariciones forzadas son dos poderosas herramientas que per­miten esclarecer los orígenes biológicos y luchar contra el robo de bebés y las desapariciones forzadas de niños. Estos delitos, de una gravedad manifiesta, requieren ser examinados desde sus vertientes jurídica, filosófica, política y bioética, porque, ante una situación tan compleja y que afecta a tantas personas, una so­ciedad responsable está obligada a tomar medidas. El presente libro, que analiza estas cuestiones tanto en el contexto europeo como en el ...

La idea del diálogo judicial entre los diferentes tribunales internacionales y, más específicamente, de aquellos creados en el seno de los diversos procesos de integración, los que, a través de sus influencias recíprocas han ido construyendo un patrimonio judicial común. Precisamente, la idea de una gobernanza global es otra de los fundamentos en los que se asienta el presente análisis, entendiendo por tal la tendencia creciente a que los diversos órdenes judiciales internacionales y también internos confluyan en determinados aspectos, como son los principios de derecho comunitario, ...

Esta obra expone las razones teóricas y conceptuales tendientes a entender si existe en la realidad una primacía del derecho comunitario andino sobre el ordenamiento jurídico nacional y, por consiguiente, establecer la incidencia de este principio en las decisiones del Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo en el ámbito interno. De esta manera, se hace necesario esclarecer los conflictos que se generan como consecuencia de que un Estado sea parte de una organización de integración. El texto se divide en cuatro capítulos en los que se examina el grado...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...