Inmigración irregular y Derechos Fundamentales

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

La irrupción de escándalos de corrupción pública ante la opinión pública plantea habitualmente el debate sobre las razones por los que estos asuntos no son descubiertos más tempranamente por las instituciones de control. En su defensa, estas organizaciones suelen argumentar que han cumplido adecuadamente con su papel, pero que no han podido detectar las presuntas defraudaciones pues «los auditores no somos policías». Este libro trata de responder a esta controversia desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado, a partir de...

El derecho a la intimidad deriva de los derechos fundamentales a la vida, libertad y propiedad. La intimidad constituye un derecho de la personalidad y como tal ha de ser considerado como irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Los datos médicos forman parte de la esfera más íntima de la persona, de lo más profundo, afectan a nuestro cuerpo y nuestra mente, y su divulgación no autorizada puede dar lugar a la violación de derechos fundamentales. Dentro de los derechos humanos se cuenta con el derecho a la intimidad, reserva o confidencialidad de todo aquello relacionado con el yo...

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...