El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés social, órganos, accionistas y administradores

Richard B. Stewart y Benedict Kingsbury, dos especialistas de talla mundial en sus respectivas materias (Derecho Administrativo y Derecho Internacional), han sabido aportar, desde la Universidad de Nueva York, lo mejor de su pensamiento para iniciar hace una década1 un apasionante y sugestivo proyecto en común, la construcción de un nuevo campo –el Derecho Administrativo Global–, abierto a la entera comunidad académica, a los profesionales y a todos los operadores jurídicos relacionados con la gobernanza transnacional, y que pronto encontraría un enorme eco en la teoría y en la...

Desde una perspectiva cuantitativa los delitos contra el patrimonio son los de mayor importancia en la criminalidad. Por esta razón no es de extrañar la abundante jurisprudencia existente sobre estos delitos y en especial sobre el delito de hurto. Jurisprudencia que se ha incrementado a raíz del amplio catálogo de hurtos cualificados introducidos por el legislador de 2015. Por un lado, el artículo 234.3 tipifica el hurto cualificado por neutralizar, eliminar o inutilizar dispositivos de alarma o seguridad; por otro lado, el artículo 235 en su apartado 1 contiene un amplio catálogo de...

Esta obra colectiva estudia las principales cuestiones que plantea la utilización de la forma social cooperativa en el mercado eléctrico, tanto en Derecho español como en el de la Unión Europea. La complejidad de su régimen jurídico es tratada de forma multidisciplinar, al aunar especialistas de diversas áreas de conocimiento y exponer los aspectos clave del tema, como son la caracterización de la cooperativa como operador en el mercado eléctrico, las particularidades del mercado eléctrico aplicables a la cooperativa y las especialidades sobre energía eléctrica derivadas de otros...

La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un destacado alcance jurídico no sólo para el Derecho Constitucional -en razón de que afecta a un Poder esencial del Estado y a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial-, sino también para el Derecho Procesal -en función de que regula la organización y el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales- y para el Derecho Administrativo -en atención a que contempla relaciones jurídicas materialmente administrativas y procedimientos de carácter administrativo, que aluden, entre otros extremos, al régimen estatutario...