El principio de Estado de derecho y los contratos estatales

Todo negocio, comercial o civil, obedece a una estructura orgánica, razón por la cual el funcionamiento del acto dispositivo requiere de elementos esenciales sin los cuales no podría existir y, por ende, no sería susceptible de producir efectos jurídicos, amén de exigirse la presencia de otro tipo de elementos cuya ausencia no genera propiamente la inexistencia del acto, pero sí impide su correcta funcionalidad, acarreando la pérdida de eficacia jurídica del negocio. El análisis de las anormalidades que puede presentar el negocio comercial está circunscrito a la verificación de la ...

El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea ha sido objeto en los últimos años de un amplio desarrollo tanto político como normativo, que ha venido acompañado de la proliferación de nuevos actores supranacionales que adoptan la forma de agencias europeas especializadas. Dichos organismos constituyen un elemento único y peculiar que va más allá del tradicional marco institucional europeo, y han conseguido asumir un papel cada vez más importante en la implementación y desarrollo de las políticas europeas en materia de seguridad y control de las fronteras...

La mera ejecución del contrato de trabajo puede hacer surgir responsabilidades indemnizatorias tanto para la empresa (lo más frecuente) cuanto para el trabajador. Superada ya la tesis de que sólo cuando la norma laboral lo prevé (y en la cuantía allí establecida) cabe tal posibilidad, se abre todo un abanico de variantes y de problemas. Sobre la base de los muchos pronunciamientos que aplican construcciones privatistas sobre responsabilidad civil por daños y perjuicios al ámbito del contrato de trabajo, esta obra analiza cuándo procede reclamar tal indemnización y cuál es su...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.