Responsabilidad penal y detención preventiva

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, reglamenta el conjunto de relaciones entre el ciudadano y la administración pública en Colombia. Está dividido en dos partes: la Parte Primera abarca el procedimiento administrativo y trámites como el derecho de petición, los mecanismos de consulta previa, el procedimiento administrativo sancionatorio y los mecanismos de publicación y citación; la Parte Segunda abarca el campo de lo contencioso administrativo la regulación del control en la administración pública y legisla sobre...

Esta quinta edición, además de incorporar la jurisprudencia más reciente, así como revisar y ampliar los formularios, se actualiza con todas las reformas legislativas, tanto las que afectan a cuestiones generales o más o menos tangenciales, como puede ser la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil o el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal; como también las referentes a temas específicos como la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y...

Este libro aborda el tratamiento dogmático de la responsabilidad del Estado a la vez que la problematiza y la torna un objeto de práctica profesional para acompañar la dinámica de las aulas universitarias de grado y posgrado de Derecho del siglo XXI. En él se muestran las tensiones y nuevos escenarios que plantea la responsabilidad estatal y se traza una ligazón clara entre las construcciones teóricas que la sustentan y la práctica profesional que la involucra. Por medio de recursos tales como la formulación de interrogantes que van develándose con el decurso del relato, el planteo...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.