Privilegios e inmunidades fiscales

El olvido forma parte de la personalidad humana. Sin embargo, de forma frecuente, aquellos responsables que tratan los datos personales de los ciudadanos, con el apoyo esencial de las emergentes tecnologías disruptivas, tienden a que la información permanezca accesible de forma indefinida para lograr sus objetivos. Como contrapeso, el ordenamiento jurídico comunitario, en el contexto del derecho a la privacidad, ha venido a configurar un derecho al olvido digital, e incluso, jurisprudencialmente se pretende construir un derecho constitucional de nueva generación más amplio denominado,...

La articulación de toda estructura normativa en beneficio de la justicia tributaria que debe inspirar cualquier medida en la imposición de los tributos, debe estar presidida por los principios constitucionales del artículo 31.1 de la Constitución española de 1978, que constituyen el fundamento y la unidad del sistema tributario, donde debe destacar por su correspondencia con ellos y por su trascendencia como orientación de nuestro ordenamiento jurídico, el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. La relevancia jurídica de éste como exigencia de no confiscatoriedad que...

El despido colectivo y los mecanismos de ajuste -suspensión y reducción temporal de jornada-, están de plena actualidad. Desde el 2013 a la fecha, hemos asistido a dos crisis pero que han sido abordadas desde una muy diferente perspectiva. La regulación derivada del COVID-19, que se expone con detalle en el último capítulo de este libro, contrasta significativamente con el sentido y espíritu de la reforma del 2012. En la segunda edición de esta obra, se introduce una jurisprudencia que ha cambiado de forma radical muchos aspectos de la reforma del 2012, ajustándolos a través de una...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...