Política fiscal y delitos contra la Hacienda Pública

Por Gobierno Corporativo se alude a una nueva serie de deberes de los Consejos de Administración, fundamentalmente de las sociedades cotizadas. Su contenido, en España, se ha incorporado al Ordenamiento Jurídico de la mano, de las reformas legales de 2002 y 2003: (Ley Financiera y Ley de Transparencia), cuya expresión más evidente se encuentran el los nuevos apartados de la Ley de Sociedades Anónimas, y en la obligación por parte de éstas de presentar un Informe Anual de Buen Gobierno Corporativo como se establece en la Ley de Mercado de Valores. En este contexto en el que se discute...

Contiene la Ley orgánica del régimen electoral general y la Ley orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. En torno a cada artículo se recogen sus concordancias, la legislación estatal y autonómica complementaria, la doctrina de la Junta Electoral Central y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y las Audiencias. Incluye anexo normativo.

Insercoop es una entidad social que nace como apuesta para un modelo educativo en el ámbito de la inserción laboral. En ella se toma una posición que cuestiona las ofertas de inserción construidas con base en un ideal de trabajo y de trabajador. Ideal que siempre genera un resto social. En cambio, el modelo que propone Insercoop ofrece al sujeto la posibilidad de un cambio de lugar hacia la promoción. Esta propuesta se ha construido a partir de los esfuerzos de los profesionales para revisar los efectos de la propia práctica; generando así, un marco conceptual.

Este trabajo forma parte de la revisión que el autor viene realizando del sistema de Fuentes a partir de la repercusión que sobre él ha tenido el constitucionalismo del Estado social. En este caso, se estudia la reforma constitucional como norma de producción y como norma producida, con la especificidad de ser la única Fuente de derecho constitucional. Se utiliza la metodología seguida con anterioridad que, en el supuesto ahora contemplado, resulta especialmente adecuada al definirse jurídicamente la reforma constitucional, precisamente, como interrelación entre determinaciones...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...