Manual de Relaciones Públicas e Institucionales

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...

Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada y reconocido por sus sentencias ejemplares, desgrana en este libro sus treinta años de experiencia profesional con un colectivo especialmente vulnerable, el de los menores, al que a diario ve enfrentarse a nuevos retos producto de un mundo cada vez más cambiante. En clave abiertamente pedagógica, Calatayud nos sitúa en el universo de los menores de edad y analiza minuciosamente los riesgos que corren: los de siempre —pero no por ello ya superados— y los actuales —y más desconocidos—, consecuencia de la era global, de las nuevas...

Este libro tiene como propósito reflejar el cambio de paradigma en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), en su ruta de la protección indirecta hacia la justiciabilidad directa, con base en la reciente decisión del caso Lagos del Campo de 2017, en el marco de la inclusión como pilar fundamental del Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) y bajo el enfoque del constitucionalismo transformador. El estudio de la jurisprudencia está precedido por las aproximaciones...

La 4e de couverture indique :"La Justicia española está colapsada y, aunque de este problema se habla mucho, no se han propuesto hasta ahora soluciones eficaces: la endémica penuria de medios de los tribunales, agravada por la crisis, parece impedirlo. Una de las soluciones -posiblemente la más efectiva- consiste en propiciar la disminución del número de litigios que se plantean ante los tribunales. Pero esto no ha de hacerse a través de la disuasión, extendiendo y aumentando exageradamente las tasas judiciales, sino articulando mecanismos alternativos que canalicen las controversias...