Los llamados colectivos vulnerables en el proceso penal

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la...

En este libro se recopilan escritos producidos por el profesor García Amado durante los últimos años. La temática es muy variada: teoría de la argumentación jurídica y de la decisión judicial, interpretación del Derecho, crítica del neoconstitucionalismo y examen de sus raíces doctrinales, debates a propósito de Kelsen y el positivismo, puesta en cuestión de la enseñanza del Derecho y de sus reformas actuales, reflexiones sobre tendencias del Derecho penal contemporáneo, balance de algunos autores y temas de la filosofía política de nuestro tiempo, Derecho y cine, etc. Todo...

Esta obra intenta abordar el tema de la igualdad, en su primera parte, desde el análisis del art. 14 CE y en relación con los diferentes grupos sociales. En su segunda parte, en relación con la distribución territorial del Estado, y las recientes reformas estatutarias. El derecho de igualdad se ha visto proyectado sobre todo en la aplicación judicial, desde la posición antidiscriminatoria que refleja el art. 14 CE. Las leyes discriminatorias son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, en tanto que aquellos actos discriminatorios se anulan por ser también...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.