Libertad de expresión y derecho a la información en Latinoamérica

Las Administraciones públicas son las mayores detentadoras de información, una parte muy importante de la cual está relacionada con personas determinadas, y protegida por el denominado "derecho a la protección de datos". Este derecho, sin embargo, se enfrenta a una curiosa paradoja, ya que nació como barrera a la acumulación de datos personales por la Administración, pero en la actualidad los mayores riesgos para su efectividad provienen de los tratamientos privados. Ello explica que la normativa que lo desarrolla parezca ideada, principalmente, para regular este segundo tipo de...

La Administración Local necesita legitimarse a través de su buen hacer, de su buena gestión de lo público y de la calidad en los servicios públicos que presta. Para ello, debe organizar la gestión de sus recursos y la capacidad de sus personas para obtener los mejores resultados posibles en términos de eficiencia y eficacia. Los servicios públicos se sustentan siempre en procesos dentro de las organizaciones. Cuando estos servicios no alcanzan el nivel de compromiso o resultados que sus equipos de gobierno, directivos públicos, empleados y clientes esperan de ellos, se hace necesario ...

Este libro tiene por objeto el estudio de las liberalidades de uso como categoría con perfiles propios y distintos de las donaciones y de las restantes liberalidades. Para tal lograr se estudia la liberalidad como categoría, sus orígenes y las clases posibles de liberalidades, entre las que se hacen figurar a las que tienen su origen y razón de ser en un uso, que unos quieren social y otros jurídico, señalando semejanzas y diferencias de las liberalidades de uso con la limosna, los alimentos prestados y los gastos funerarios satisfechos, la propina y el aguinaldo, para analizar, acto...

En la actualidad se observa con carácter general, pues existen excepciones muy sonadas en España, una práctica fluida en torno al control judicial sobre el procedimiento arbitral y sobre el laudo que se aprecia en la capacidad concedida al árbitro para juzgar la validez de su propia competencia o en la admisibilidad de mayores cotas de arbitrabilidad y en una apreciación ponderada de las causales de anulación. Los linderos entre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y el necesario control judicial son variables, pero tienden a estrecharse dentro de un debate doctrinal inacabado y ...