Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, introduce novedades e importantes modificaciones sobre la legislación anterior y supone un cambio cualitativo en el modo de concebir la legislación sobre contratación pública en nuestro Derecho. El libro que el lector tiene en sus manos, tiene por objeto...

La llegada de la pandemia generada por el covid-19 obligó al derecho laboral a adaptarse para hacer frente a situaciones que, hasta ese momento, no tenían antecedentes recientes y que obligaban a dar respuestas rápidas y oportunas para mantener el normal funcionamiento de la sociedad. Las empresas debieron disponer lo necesario para mantener operaciones durante los periodos de confinamiento bajo el esquema de trabajo a distancia. y una vez se dio el retorno gradual a la presencialidad, tuvieron que implementar las medidas de biosegtiridad que garantizaran el regreso seguro a los puestos de ...

La presente obra, Lecciones Fundamentales de Derecho Administrativo Segunda Edición, ofrece una visión global y totalmente actualizada del Derecho administrativo español, tanto de su parte general como de su parte especial. A través de sus 76 capítulos se abordan con exhaustividad todas las normas, instituciones y principios que rigen la organización administrativa, sus funciones y relaciones con el ciudadano, así como las distintas leyes sectoriales que regulan los diversos ámbitos de actividad sometidos a intervención administrativa. La obra incorpora las últimas novedades...

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...