Justice, trade, security, and individual freedoms in the digital society

El aumento de movilidad transfronteriza de las personas y de las empresas, en especial en ámbito intraeuropeo teniendo en cuenta las libertades de circulación de la Unión Europea, plantea a los operadores jurídicos dudas respecto la validez y eficacia de los documentos públicos emitidos por la autoridad de un Estado que deben presentarse ante las autoridades de otro Estado. Dudas como: ¿inscribirá el registrador de la propiedad una escritura notarial extranjera? ¿qué valor probatorio tiene un certificado extranjero ante el Juez español? ¿el documento tiene que estar apostillado o...

La adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso la reforma de la metodología docente en la enseñanza universitaria, introduciendo nuevos métodos de enseñanza, como la evaluación continua que se realiza a los estudiantes mediante las nuevas tecnologías TIC y las tutorías personales. Asimismo, se incide en la enseñanza práctica del alumno, a través de ejercicios, trabajos en grupo, prácticas profesionales, etc… La finalidad de este cuaderno es, precisamente, la recopilación de los distintos ejercicios prácticos realizados desde la...

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) es una de las pocas cortes supranacionales que existe. Su función ha sido salvaguardar la integridad de la Comunidad Andina, lo que se refleja en el impacto que sus decisiones han tenido en los ordenamientos jurídicos de sus Miembros. Karen J. Alter y Laurence R. Helfer, hicieron un importante estudio (en inglés) sobre las particularidades de este órgano jurídico al compararlo con su equivalente europeo, mostrando sus orígenes, sus éxitos y sus limitaciones. La traducción de esta obra tiene un importante significado para quienes...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...