El desgobierno judicial

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta...

Este libro recoge los textos escritos por Víictor Rodríguez Cedeño, Antonio Pastor Palomar, Milagros Betancourt Catalá, Blas Jesús Imbrodas, Soranib Hernández de Deffendini y Thairi Moya Sánchez sobre las situaciones de Venezuela ante la Corte International de Justicia, particularmente después de que el Fiscal Ggeneral ante la misma ha dado inicio de la invetigación contra Venezuela por hechos que se configuran como delitos de lesa humanidad.

Este libro tiene como propósito reflejar el cambio de paradigma en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), en su ruta de la protección indirecta hacia la justiciabilidad directa, con base en la reciente decisión del caso Lagos del Campo de 2017, en el marco de la inclusión como pilar fundamental del Ius Constitutionale Commune en América Latina (ICCAL) y bajo el enfoque del constitucionalismo transformador. El estudio de la jurisprudencia está precedido por las aproximaciones...

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...