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En el primer cuarto del siglo XXI el reino de España se había desintegrado y todos los territorios, que entonces se denominaban comunidades autónomas, se constituyeron en países independientes. Pronto comenzaron a guerrear entre ellos por los recursos, o por supuestos derechos históricos que algunos adujeron. El Estado central se había descompuesto, principalmente, por culpa de políticos corruptos que estaban a las órdenes de la oligarquía financiera. La avaricia de esta casta no tenía límites y fue su perdición. La clase social claramente desfavorecida estaba compuesta por el ochenta por ciento de la población: millones de desempleados hambrientos y hordas de asalariados con trabajos precarios y mal pagados, que nos les permitían vivir con un mínimo de dignidad y, un día, llegados al límite de la opresión tolerable, se negaron a trabajar y a servir a los opresores. Exigieron un mejor reparto de la riqueza y un sueldo digno universal, que el gobierno de turno les negó. Hubo, además, una huelga generalizada indefinida y muchos grupos disímiles de gentes airadas se unieron y asaltaron infinidad de establecimientos comerciales, y el caos se extendió.